Como hace un año, los puestos de trabajadores del Gobierno de la Ciudad se ponen en jaque por la voluntad anti estatista del actual jefe de gobierno, Mauricio Macri. Ante esta amenaza la legisladora Liliana Parada (Bloque Igualdad Social-SI) acudió a la Justicia para proteger los contratos de quienes estuvieran por cumplir 60 años.
El amparo, firmado por alrededor de cien damnificados y tramitado ante el juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del Dr. Roberto Andrés Gallardo ordena al Gobierno de la Ciudad suspender la aplicación del Decreto 1390/2008 por el cual cesanteaban a cientos de trabajadores porteños.
Meses atrás el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, había dejado trascender que dejaría cesantes a las mujeres mayores de 60 años y a los varones que superen los 65. De esta manera el gobierno intentaba reinstalar los despidos del año pasado donde decenas de programas sociales, educativos y de desarrollo social quedaban vaciados ante los indiscriminados despidos.
"Aquí se trata no sólo de preservar la fuente de sustento que legítimamente le corresponde a los hombres y mujeres que trabajan diariamente en el Gobierno, sino que vulnera directamente sus derechos a la igualdad de trato y de oportunidades", concluyó la diputada del bloque Igualdad Social, Liliana Parada.
Repercusiones en los Medios
Página 12
Agencia de Noticias TELAM
La Gaceta
Radio Continental AM 590
El Parlamentario
ADN Noticias
El amparo, firmado por alrededor de cien damnificados y tramitado ante el juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del Dr. Roberto Andrés Gallardo ordena al Gobierno de la Ciudad suspender la aplicación del Decreto 1390/2008 por el cual cesanteaban a cientos de trabajadores porteños.
Meses atrás el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, había dejado trascender que dejaría cesantes a las mujeres mayores de 60 años y a los varones que superen los 65. De esta manera el gobierno intentaba reinstalar los despidos del año pasado donde decenas de programas sociales, educativos y de desarrollo social quedaban vaciados ante los indiscriminados despidos.
"Aquí se trata no sólo de preservar la fuente de sustento que legítimamente le corresponde a los hombres y mujeres que trabajan diariamente en el Gobierno, sino que vulnera directamente sus derechos a la igualdad de trato y de oportunidades", concluyó la diputada del bloque Igualdad Social, Liliana Parada.
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