diciembre 21, 2012

Intervención de la Diputada Parada en la Modificación de la Ley de Trata



Señor presidente: hemos escuchado hablar de oportunismo, oportunidad política, reflejo y sensibilidad.

A esta altura del debate –no lo digo por la ho Estamos aquí cumpliendo el deber indelegable que tenemos como legisladores. Esto es lo que nos ha convocado hoy a este recinto. Estamos a punto de votar una norma que ha sido sancionada por el Senado de la Nación, más allá de cualquier chicana que se pueda plantear. Entonces, ¿por qué no avanzamos en lo poco que podemos?  Digo esto, porque creo que no estamos aprovechando el llamado a sesiones extraordinarias. Todo el mundo sabe por qué la presidenta llamó a sesiones extraordinarias; algunos lo han marcado para defenderlo y otros para atacarlo, pero creo que no lo estamos aprovechando. Tenemos hasta el 31 de diciembre para considerar otras normas que son también sumamente importantes y que se vinculan con el tema en discusión, aunque no tengan la misma especificidad.  Me refiero, por ejemplo, a la deuda social y a la deuda interna. Nos quejamos del fallo del juez Griesa por la Fragata Libertad, pero no asumimos que podemos recuperar nuestra soberanía, dejar de mantener los tratados bilaterales de inversión y seguir perteneciendo al CIADI. En lugar de quejarnos, podríamos recuperar miles de Fragatas Libertad. También recordemos que se ha demandado a la Argentina por el tema de Repsol. Esto podría entenderse como que estamos levantando un proyecto propio; lamento que sea propio. Sé que muchos desde el oficialismo y otros sectores de la oposición piensan esto, porque lo han dicho públicamente. Probablemente hoy por disciplina partidaria no nos acompañen, pero lamento que no seamos muchos.

Ahora bien, hay otros proyectos vinculados específicamente con el tema de la explotación; por ejemplo, el que declara la emergencia territorial rural, que suspende los desalojos por cinco años. Tenemos dos muertos: Cristian Ferreyra y Miguel Galván. Aprovechemos las sesiones extraordinarias. Asumamos que el tema de la esclavitud y el caso de Marita Verón no se resolverán con esta ley. Si bien esta norma es insuficiente y esmirriada, constituye un avance, y por eso vamos a apoyarla; pero realmente tiene el defecto de aquellos proyectos de leyes sancionadas en la coyuntura, sin ser debidamente debatidos. No digo con esto que no haya habido algún trabajo, o mucho trabajo, que reconozco en  gran cantidad de legisladores, sobre todo mujeres, que hoy hemos hablado mucho más que en otras ocasiones.
Sin perjuicio de que en el debate en particular formularemos observaciones, señalo que la ley saldrá esmirriada y flaca, y no ayudará a terminar con el flagelo de la trata. A pesar de que contiene avances en artículos que vamos a votar afirmativamente, importa retrocesos en cuanto a la selección que va haciendo el derecho penal respecto del último eslabón de la cadena criminal. Por ejemplo, nos encontramos con que se establecen tipos penales que no serán excarcelables. Entiendo que la mano dura y el hecho de que la gente quede detenida por situaciones que no hacen al entramado criminal que debemos perseguir, queda bien para la tribuna; pero hoy no estamos aquí para quedar bien.

Ya se terminó la hora de las chicanas. Vamos a votar un proyecto de ley y tenemos que decir de qué se trata. No se llega al entramado criminal del poder que tiene la mafia con políticos, con funcionarios de gobierno y judiciales, y con la policía. Si no vamos a ese hueso y a quienes usan, gozan y abusan de los beneficios de la prostitución y la explotación, absolutamente nada resolveremos.
Contamos con estadísticas que nos alertan que esos beneficios económicos hoy están por encima de los que había cuando la Argentina tenía esclavos. Han encontrado la forma de hacernos creer que somos libres, pero seguimos siendo esclavos.

Esta noche nos encontramos con que frente al festejo de tantos bicentenarios estamos a las puertas del de la Asamblea del Año XIII, que decretó la libertad de vientres. A doscientos años, al votar esta ley estamos reconociendo que no hemos avanzado, que no tenemos un pueblo libre, soberano y sin esclavos.
Antes comentaban que cuando decimos a la gente que vamos a votar esta ley, se pone contenta; por supuesto! y el pueblo va a acompañar. Esta  política no debe ser sólo de un gobierno sino de Estado. Se trata de la política de una nación y de un pueblo para que realmente terminemos con la esclavitud y la explotación en la República Argentina.

diciembre 06, 2012

“Son los estertores de un modelo que no asume su final…”

Declaraciones de la Diputada Nacional Liliana Parada, Vice-Presidenta de la Comisión de Transportes, Bloque Unidad Popular


La diputada nacional Liliana Parada, en relación a los acontecimientos que de los últimos días vinculados al subterráneo porteño sostuvo que “nuevamente los usuarios padecemos las consecuencias de un modelo de gestión del subte basado en una empresa concesionaria cuyas ganancias no provienen de un servicio adecuado, que implicaría un cuidado de sus recursos humanos y materiales, sino de la tercerización en empresas del mismo grupo de actividades relacionadas, como la publicidad estática, el alquiler de espacios físicos y los subsidios del gobierno nacional.
En vez de un traspaso organizado, ambos gobiernos han tomado a los trabajadores y a los ciudadanos del área metropolitana de Buenos Aires como rehenes en una disputa que, paradójicamente, ha servido únicamente para eludir responsabilidades y no para hacerse cargo de sus obligaciones en tanto gobernantes.
La incapacidad del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para resolver los problemas te transporte, es clara en tanto sus diferentes proyectos no sólo no ayudan sino que los agravan. El acuerdo entre el PRO y el FPV en los negocios inmobiliarios sobre las tierras públicas en la ciudad de Buenos Aires, es la prueba más concreta de su complicidad política; la cual obligó a "recapacitar" al Jefe de Gobierno, M. Macri, acerca de los subtes.
Su respuesta ha sido nefasta, ya que el proyecto enviado a la Legislatura carga el peso de su decisión sobre los trabajadores, en tanto no resuelve el conflicto entre UTA y Metrodelegados, y sobre los usuarios en tanto no se revisa el contrato con Metrovías y se pretende aumentar la tarifa.
Desde el bloque de Unidad Popular, y con el objetivo de ser una oposición constructiva, les acercamos una solución, que ni siquiera han querido evaluar. Nuestro proyecto (5965-D-2012) propone crear una Unidad de Gestión de Emergencia de Subterráneos, a cargo de los dos gobiernos, con atribuciones para investigar los incumplimientos de la concesionaria y rescindir en su caso los contratos de concesión, hasta que se procediera a efectuar una transferencia total y ordenada de los servicios de subterráneos. Todo ello previamente a aumentar las tarifas y/o tratar de impedir que los trabajadores puedan reclamar lo que por derecho les corresponde.
Por eso no cabe la menor duda que éstos son los últimos estertores de un modelo privatizado que no asume que está terminado.”

octubre 22, 2012

Discurso de Liliana Parada en Bogotá 2012: Foro internacional por el Derecho Fundamental a la Alimentación



Buen día a todos y todas aquí presentes, representantes de organizaciones sociales de las diversas regiones de Colombia que participan del taller propuesto por el Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH), funcionarios de Gobierno, Congresistas, y especialmente a la Diputada Alba Luz Pinilla, por su trabajo sostenido en la lucha contra el hambre.

Los FPH en su doble rol, en tanto parlamentarios elegidos por el pueblo y responsables de la elaboración de los marcos legales de reconocimiento de derechos, tienen la aptitud de establecer un diálogo institucional con las organizaciones, que trascienda la esfera local, y se erija con voz propia en el plano regional.

Es fundamental destacar la trascendencia de las diferentes conferencias de los pueblos desde el foro mundial social, la Cumbre de Cochabamba, Rio+20, entre otras, que plantea un nuevo paradigma tendiente a proteger a la humanidad y a la naturaleza toda como fuente de vida.

En este orden de ideas entendemos imprescindible generar todas las condiciones conducentes para alcanzar los objetivos que nos proponemos.

Tan importante como la unidad en la acción entre pares, es la interacción institucional, que supere las peticiones, y que de manera organizada se avance en el reconocimiento de derechos, ganando en legalidad la legitimidad de los reclamos.

Los pueblos reclaman soberanía alimentaria, mientras que los Estados sólo han llegado a acuerdos de seguridad alimentaria, concepto que está en crisis, toda vez que la especulación financiera ha alcanzado con sus tentáculos la mayor producción de alimentos a escala mundial, conllevando a su encarecimiento y por ende a su falta de accesibilidad.

Y el hambre aumentó en el mundo lugar de terminar como se había planificado para el 2012!

El 12% de los habitantes de América Latina y El Caribe, 70 millones de hermanos y hermanas viven en situación de extrema pobreza, sin acceso a una canasta básica de alimentos.

Por eso, entre todas las batallas que hay que librar, una es ir alcanzando un piso de derechos, no sólo nacionalmente, sino en la región, como un modo de estándares mínimos que vayan en pos de terminar con el hambre y de este modo contribuir en el trazado del camino que nos lleve a la soberanía alimentaria y a terminar con la profunda desigualdad existente en nuestra Latinoamérica.

Ya muchas constituciones han incorporado el derecho a alimentación como un derecho humano fundamental (de los 24 Estados en el mundo que así lo hicieron, 15 de esos Estados se encuentran entre los 33 de América Latina y El Caribe).

Hay derechos, como el derecho a la vida, que son supra legales, y la alimentación es un elemento esencial para ejercer ese derecho de manera adecuada. Sin embargo, las extremas vulneraciones nos llevan a tener que obtener su reconocimiento constitucional y legal, como modo de poner freno a un sistema que ataca a la humanidad en sus derechos básicos para subsistir como tal.

En este contexto es sumamente auspiciosa la conformación de los FPH nacionales y su integración regional, compartiendo experiencias y construyendo una suerte de estrategia común para toda la región que además fortalezca las acciones que se decidan llevar adelante en los diferentes ámbitos nacionales.

Es un paso mas hacia la construcción de un nuevo modelo a de desarrollo en nuestras naciones y en la región, que sea alternativo inclusivo y sustentable.

En el tema q nos ocupa, es necesario destacar la importancia de la legislación como contribución a garantizar el derecho a la alimentación, en tanto: fortalece la institucionalidad de las políticas públicas y por tanto su sustentabilidad, institucionaliza la problemática como cuestión de Estado, establece la orientación y los límites de una política sobre derecho a alimentación, y habilita alternativas.

Por eso, las recomendaciones hacia una propuesta basada en el enfoque de derechos son tres. Una, recuperar el diseño de políticas de corte universal, como alternativa a las políticas focalizadas; dos, recuperar el diseño de políticas transversales, como alternativa a las políticas sectoriales, y tres, generar mecanismos de participación ciudadana en la construcción de alternativas para garantizar el derecho a la alimentación.

Para su mejor concreción, es que consideramos al FPH como una valiosa herramienta para abordar la problemática del hambre por fuera de las políticas focalizadas, logrando el reconocimiento de la alimentación como un derecho humano fundamental.

Para ello, en Argentina creemos que este espacio debe estar compuesto de la diversidad de miradas, a partir de un espacio plural y multipartidario, para delinear legislaciones y políticas públicas que trasciendan la contienda partidaria y pongan en discusión los problemas más acuciantes para nuestro pueblo. Con este fundamento, entre otros,  creamos el FPH, capítulo argentino, en marzo de 2011.

En este camino, entendemos que son los pueblos los que iremos construyendo la hoy tan lejana soberanía alimentaria. Y ello porque nos atrevemos a soñar no sólo que es posible sino porque creemos que ya es absolutamente necesario cambiar las reglas de este juego macabro, en el que son precisamente nuestros pueblos los que pagan con el  hambre y la muerte de su gente.

En ese rumbo, los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, debemos ser los vehículos para obtener los marcos legislativos que vayan poniéndole límites al agronegocio y a la especulación financiera.

Por eso estamos hoy aquí, acompañando esta iniciativa de "Colombia unida por el derecho fundamental a la alimentación", con la firme convicción que sus logros serán parte importante de los nutrientes necesarios para alumbrar una nueva  fertilidad de nuestra Madre Tierra, que pueda tener a sus hijos sin hambre y con soberanía alimentaria!

Diputada Liliana Parada /
Vicecoordinadora Regional del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH)
Semana Mundial de la Alimentación
Bogotá, República de Colombia, 18 de octubre de 2012

agosto 23, 2012

Sobre la Reforma Laboral que viene de la mano de la unificación de los códigos civil y comercial



Son muchos los aspectos en los cuales puede apreciarse, desde nuestro punto de vista, una mercantilización de institutos que deberían regirse por normativas de otro orden.
El baño de progresismo, a la hora de la verdad, puede llevar a despojar de derechos a quienes se pretende defender, con una igualdad que por sí sola, sin referencias epistemológicas, puede erigirse en la peor desigualdad, como veremos a lo largo de esta pretensiosa obra cuasi napoleónica.
Por nuestra pertenencia como bloque que es parte de la clase trabajadora y como tal vela por sus derechos, es que el primer análisis lo llevaremos a cabo sobre esta temática en particular.
Basta leer algunas de las normas que contiene el proyecto original, como las incorporaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo, para advertir que -en lo que a los trabajadores se refiere-, la pretendida reforma es -prima facie- la cristalización de las políticas neoliberales que, desde el relato del gobierno nacional se declaman como nefastas, pero a la luz de los hechos, son elementos del mismo modelo que se pretende negar.
Es interesante tener en cuenta que el proyecto de reforma toma como base el del año 1998, y en este punto no debemos soslayar la época a la que hace referencia. El decreto del P.E.N. que encargó a la Comisión Honoraria “proyectar la unificación del Derecho Privado” y “su reforma y actualización, de manera integral” en consonancia con los dos proyectos de unificación de la legislación civil y comercial de 1993”; lo hizo también requiriendo “incorporar las instituciones que consideren convenientes para acompañar el proceso de modernización que ha emprendido el país”. Tales citas me eximen de mayores comentarios.
No obstante, sin restar mérito a todos los juristas que llevaron adelante la reforma de 1998 que es la base y a los del proyecto hoy en consideración, brilla por su ausencia la mirada desde el derecho laboral, prueba irrefutable que surge de los fundamentos en que se sostienen las modificaciones que en la materia se impulsan.
Resulta imprescindible esa mirada, y sobre todo, desde los propios trabajadores y trabajadoras, que se verán seriamente afectados por normas que deberían estar fuera de este plexo legal o ser tratadas de modo diferenciado, habida cuenta de la primacía del principio protectorio por sobre la autonomía de la voluntad.
Los conceptos de trabajo basura, la informalidad, la desjerarquización de los trabajadores, la privatización del derecho del trabajo, la falta de libertad y democracia sindical, lejos de haber cesado se han naturalizado, y hoy además se pretende darle un “nuevo marco legal” rimbombante como es la codificación en nuestro derecho, y cuanto más la unificación del derecho privado.
Y que quede claro, que las bondades de inclusión de institutos novedosos y reconocidos en tratados internacionales de Derechos Humanos, son a todas luces insuficientes para contrarrestar un sistema inequitativo que sigue siendo el motor de las relaciones humanas y de estas con la naturaleza. Más allá de algunas declamaciones sesgadas, continúa siendo el capital y el modelo de desarrollo, el ser y el hacer de esta reforma pseudoprogresista.
Claro está que hoy no están dadas las condiciones para un cambio radical del sistema (reitero tomamos el proyecto de los 90), pero al menos podemos poner en real debate aquellas pretendidas innovaciones que sólo serán a la postre, un retroceso más de las duras y castigadas conquistas laborales.
El Congreso se prepara para discutir públicamente este proyecto de Unificación y Reforma de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, y se ha fijado un plazo de 90 días.
Es nuestro deber, como integrantes de la Comisión Bicameral que tiene asignada la función de efectuar el primer análisis del mentado proyecto, escuchar y atender a los hacedores del mundo del trabajo, lisos y llanos pagadores de todos los precios que las políticas noventistas de devastación y saqueo que siguen vivitas y coleando, les han cobrado, vulnerando sistemáticamente todos sus derechos y los de sus familias.
Temas como las limitaciones a la responsabilidad que podrán ser invocadas en reclamos fundados en el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (art. 243 del proyecto y art. 804 in fine, de la modificación del P.E.N. ), la limitación de la responsabilidad del Estado en general y hacia los trabajadores en particular que fija la modificación introducida por el P.E.N. al proyecto original arts. 1765 y 1766); expansiones o reforzamientos de instituciones en perjuicio de la regulación laboral (locaciones de servicios, subcontrataciones, franquicias, UTES); desigualdad en materia de prescripción (arts. 2562 vs. 2561); y cuantificación del daño, entre otras, son instituciones que deben ser consideradas en el marco de quienes estarán alcanzados por ellas.
Más allá de los titulares rimbombantes, el pueblo tiene derecho a saber de qué se trata esta reforma.
Liliana Parada
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