Paradójicamente, la ley 21.499 que sirve de base a la expropiación que nos ocupa, es una ley de la dictadura, y lo paradojal es que aún así, contiene algunos conceptos que no merecen ser cuestionados.
Por ejemplo, el artículo 1º establece claramente: “La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual”.
Es decir, que para poder declarar de utilidad pública al 51% de las acciones de YPF primeramente había que instituir cuál era el bien común a satisfacer, y es por ello que el Poder Ejecutivo se ve obligado a declarar de interés público a la actividad hidrocarburífera con el objetivo declamado de lograr un abastecimiento acorde a las necesidades actuales y futuras.
Es la única interpretación posible dado que si la toma de control de YPF fuera una consecuencia o una herramienta de una nueva política energética, debería haberse incorporado al Título I un nuevo marco regulatorio, derogando el que rige actualmente para YPF y que seguirá rigiendo para el 70% de la actividad, en manos de otros operadores.
Que se crea que la presente iniciativa es la consecuencia inevitable del fracaso de una política que el gobierno se niega admitir no implica no reconocer que puede significar el inicio de una nueva que efectivamente nos lleve a recuperar grados de soberanía energética, dada la dependencia hidrocarburífera de nuestra matriz energética.
Es por ello que es conveniente en estos momentos reflexionar sobre cuáles corresponderían ser los principios que deberían regir una política de Estado en materia energética que cumpla los objetivos planteados en el Título I del proyecto a consideración.
El primer principio es la Sostenibilidad. Con el autoabastecimiento no alcanza. Como ha quedado demostrado en los últimos veinte años, hay distintas formas de lograr el autoabastecimiento, pero no todas implican un mayor grado de soberanía.
Es cierto que el petróleo y sus combustibles derivados revisten carácter de estratégicos, pero tan importante como ello es que sus costos principales son los asociados a la amortización de las inversiones realizadas, por lo que, si se deja librado a los mecanismos de asignación del libre mercado, lo más probable que suceda -y de hecho es lo que ha venido sucediendo históricamente en el sector privado de nuestro país-, es que se constituyan barreras de entrada a nuevos competidores y que el oligopolio existente sea quien tome las decisiones sobre cantidades y precios, privilegiando maximizar la rentabilidad de corto plazo sobre cualquier interés estratégico nacional.
Es decir, si se adopta un modelo energético sin regulación estatal, como el que existe en nuestro país, lo que se obtiene es la máxima producción presente (que se dio en 1998 en petróleo y 2004 en gas) a costa de una caída cada vez más pronunciada a futuro, como en la actualidad.
Es por ello que solamente con planificación, coordinación de los actores privados, e intervención directa por parte del Estado es posible mantener un flujo estable de energía a lo largo del tiempo, lo que se conoce normalmente como sostenibilidad del recurso.
El segundo principio a tener en cuenta es la Sustentabilidad. Con el autoabastecimiento no alcanza.
Otro aspecto que tiene relación directa con que las generaciones futuras puedan disponer de energía es la cuestión ambiental. Nuestra matriz energética debe diversificarse, no solamente para lograr sostenibilidad del flujo, sino para incorporar cada vez una mayor proporción de energías limpias, de fuentes renovables y que no impliquen una pérdida de soberanía en otra cuestión esencial, como la alimentaria.
El gobierno ha alentado la producción de los denominados “bio-combustibles” principalmente a partir del procesamiento de la soja, como forma de sustituir parcialmente al combustible derivado de petróleo, incentivando con subsidios y exenciones impositivas a la producción en exceso de estos commodities y por lo tanto estamos equivocándonos nuevamente, como en el caso del petróleo. Cuando se pierda la bio-diversidad y el monocultivo reemplace a la producción de los alimentos adecuados para nuestras necesidades, será tarde y no creo que expropiar el 51% de la tenencia accionaria de las cerealeras pueda solucionar la crisis. Actualmente producimos diez veces la cantidad de alimentos necesarios para satisfacer las necesidades alimentarias de nuestra población, y aún tomando los datos oficiales de dudosa composición, hay cerca de un millón de personas que padecen hambre en la República Argentina!
El tercer elemento es la Accesibilidad. Con el autoabastecimiento no alcanza. En abstracto, tener "suficiente" energía en realidad significa tener lo suficiente del tipo adecuado, en el lugar correcto y en el momento adecuado para satisfacer lo que los potenciales consumidores y usuarios, deberían poder ser capaces de adquirir en la forma de bienes y servicios. En un sentido más estricto, el acceso de un país para el suministro de energía puede ser "adecuado" aún cuando para muchas personas les resulte tan caro que no puedan obtener lo que les gustaría.
Es por ello que una planificación desde una perspectiva de soberanía -que sólo tiene sentido en tanto soberanía popular- no puede desentenderse de la relación entre el consumo energético y la distribución del ingreso como así también debe establecer un piso mínimo de necesidades cubiertas en términos de derecho al acceso universal a la energía eléctrica y a un sistema moderno de cocción de alimentos, tal como lo reconocen las agencias internacionales sostenidas por los países desarrollados.
Por último, y de manera inescindible, el principio que debe iluminar todos los demás, es el de Soberanía: seguridad energética más participación popular más integración latinoamericana:
La FAO y la CEPAL proponen el siguiente concepto de seguridad energética:
“Asegurar el abastecimiento energético requerido por un territorio para proseguir su desarrollo económico y social mediante la garantía de eficiencia en el suministro del recurso energético, eficacia en su distribución, protección del medioambiente gracias a una política que privilegie la sustentabilidad, la elaboración de marcos regulatorios adecuados y la contribución al objetivo de equidad social sobre la base de la defensa, preservación y soberanía de su infraestructura ante eventuales amenazas de carácter interno o externo”.
Un norte similar al expresado por esta definición debe guiar el accionar del Estado, pero teniendo en cuenta que el concepto de soberanía debe reformularse para legitimar los procesos de integración latinoamericana; que en la cuestión que estamos abordando es parte fundamental de una estrategia exitosa.
Es claro que el camino es largo, y hay que deshacer uno a uno los nudos que nos atan a una “matrix” dominante, no obstante y a la luz del proyecto que vamos a acompañar en general, es sumamente importante que al menos esta vez estemos en camino.
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