Sabemos que el proyecto aprobado no reúne las condiciones para ser la respuesta suficiente, pero sí resulta conducente para la edificación de un nuevo consenso que recupere el rol del Estado como responsable de la planificación de políticas públicas que construyan soberanía, en lugar de un estado bobo y dependiente de las multinacionales. Paradójicamente, la ley 21.499 que sirve de base a la expropiación que nos ocupa, es una ley de la dictadura, y lo paradojal es que aún así, contiene algunos conceptos que no merecen ser cuestionados. Por ejemplo, el artículo 1º establece claramente: “La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual”. Es decir, que para poder declarar de utilidad pública al 51% de las acciones de YPF primeramente había que instituir cuál era el bien común a satisfacer, y es por ello que el Poder Ejec