Polémico nombramiento de 39 controladores de faltas
En diciembre, la Legislatura porteña aprobó, a pedido del Ejecutivo, el nombramiento de 39 controladores de faltas, las personas que se encargan de determinar si las infracciones de tránsito son justas o no. Aunque cumplen una función similar a la de un juez, por lo que su idoneidad e imparcialidad debería estar garantizada, varios de esos nombramientos, si no todos, fueron hechos mediante un reparto político de cargos estatales. Algunos de esos controladores son asesores de legisladores, y hasta hay abogados cercanos al Sindicato de Peones de Taxis y a empresas de colectivos. Ahora, el Ejecutivo y la Legislatura se acusan mutuamente de haber confeccionado la lista.
El cuerpo de controladores nació en 2001, para resolver infracciones sin llegar a la Justicia de Faltas. Mayormente se ocupan de temas de tránsito, aunque también deciden sobre habilitaciones irregulares, bromatología, seguridad e higiene y otras faltas.
En 2004 los controladores debieron validar su cargo por concurso, y quedaron sólo 30. Por el poco personal, son muy frecuentes las colas para hacer los trámites (ver Siguen...), y miles de actas se acumulan sin resolución, por lo que al año caducan.
A fin de octubre del año pasado, la Legislatura aprobó, a pedido del Ejecutivo, la ley Nº 2.128, que dividió la Unidad de Faltas en dos. Por un lado, un grupo se encargaría de las multas de tránsito, compuesto por 90 funcionarios. Por el otro, la Unidad de Faltas Especiales se ocuparía de todas las demás. Este último grupo se conformaría por 36 personas, todas seleccionadas por concurso (que aún no se realizó).
Llegó entonces el momento de elegir a los nuevos controladores de tránsito. Los diputados dispusieron que el primer nombramiento lo hiciera el Ejecutivo "con acuerdo de la Legislatura".
El Ejecutivo envió la lista, que fue sancionada a último momento de la última sesión del año, el 21 de diciembre. Luego, el Ministerio de Gobierno sacó, el 8 de febrero, la resolución Nº 117, que confirmó los nombramientos.
¿Cómo se eligieron los postulantes? "Fue un reparto político de cargos, entre la Legislatura y el Ejecutivo. Varios suelen ir a la Unidad de Faltas a hacer gestiones, son conocidos", confió una fuente del Gobierno. Esta versión fue confirmada por allegados de la Legislatura.
Entre los nombrados hay asesores de diputados del macrismo y de Recrear (ver Quiénes son...), y los habría de otros partidos. Pero hay dos casos que llaman mucho la atención. Una de las designadas es Karina Ravich, asesora legal del Sindicato de Peones de Taxis. Otro es Juan Arzubi Calvo, quien según una fuente es apoderado de empresas de colectivos, y hasta hace un par de años representó legalmente a firmas de alquiler de autos. Producto de esta investigación de Clarín, el Ministerio de Gobierno anunció ayer a las 17 que le pedirá a la Legislatura que revise el acuerdo de estas dos personas, por presunta "incompatibilidad ética", y que no los pondrá en funciones.
De la lista que envió Jorge Telerman (firmada con el polémico sello de "licenciado"), hubo un par de nombres que finalmente no quedaron. Uno, Guillermo Cersósimo (vinculado al sindicato de municipales SUTECBA) habría conseguido trabajo en la Justicia Contravencional. La otra, María Angélica Lobo, fue funcionaria del Gobierno ibarrista en el área de Control Comunal durante el incendio de Cromañón: se rumorea que fue bajada de la lista por presión de padres de las víctimas de la tragedia de Once.
En la Legislatura afirmaron que la lista fue elaborada por el Ejecutivo, que los diputados no vieron cuáles eran los antecedentes de los nombrados, y que si alguno es asesor de un diputado fue porque se presentó por su cuenta. En el Ejecutivo dicen lo contrario: que la nómina la armaron los legisladores, y que el Ministerio de Gobierno se limitó a corroborar que los postulantes cumplieran con los requisitos, como no tener sumarios o antecedentes penales.
¿Por qué no fueron elegidos por concurso? "El personal no alcanzaba y estaban por caducar miles de infracciones. Se prefirió nombrar esta gente así para que empezara a trabajar, y que luego revalidaran su puesto en un concurso que realizaremos el mes que viene. Son nombramientos transitorios, fue una emergencia", informó un vocero del Ministerio de Gobierno. Lo mismo explicaron, por ejemplo, en el despacho del legislador de Recrear Jorge San Martino (uno de sus asesores fue nombrado).
Lo cierto es que, a pesar de la emergencia, esta gente aún no empezó a trabajar, y no lo haría por lo menos por un par de semanas más, hasta que esté lista una parte del nuevo edificio de la Unidad de Faltas, en Perón al 2900. Es decir que fueron nombrados "de urgencia" en diciembre, pero recién empezarán a trabajar a fines de marzo o en abril, cuatro meses después.
En el Ejecutivo dijeron además que estos nuevos controladores se limitarán a trabajar con las actas acumuladas, y que sólo cursarán notificaciones para los infractores. Pero un funcionario de la Unidad de Faltas comentó que los nuevos controladores tendrán "las mismas potestades que los que ya estaban". Por otra parte, cuando Clarín publicó en enero una nota sobre las largas colas para pagar una infracción, el director general del área, Ricardo Moratto, aseguró que "si hubiera habido mayor celeridad de los legisladores, los nuevos controladores ya estarían en funciones", en referencia a demoras con los nombramientos. Es decir que los consideraban para atender a la gente y evitar las colas.
El momento de la votación tampoco fue muy trasparente. Pablo Failde, legislador del ARI, confirmó que la Junta de Etica que él preside jamás recibió los currículum de los postulantes, como hubiera correspondido. Además, en ese bloque facilitaron una copia de la versión taquigráfica de la sesión del 21 de diciembre. Allí se lee que la diputada Liliana Parada pidió la palabra y afirmó: "El bloque del ARI va a votar en contra de este proyecto, porque a este largo proceso le ha faltado seriedad. Estamos prestando acuerdo a una lista que acaba de llegar a nuestras bancas. Esto es invotable". La votación salió 32 a 6, con al apoyo de diputados del macrismo, Recrear, el socialismo y el kirchnerismo.
Hay otro elemento que completa el panorama poco claro. El 11 de diciembre la Defensoría del Pueblo firmó la resolución Nº 4.022, en la que pedía que, al momento de nombrar a los controladores, se privilegiara a quienes en 2004 habían participado del concurso pero no habían en trado. Ni el Ejecutivo ni la Legislatura la tuvieron en cuenta.
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