"Juan vivía en la Av. Paseo Colón, hace más de diez años, cuando ocupó la casa, luego de haber quedado desocupado y no poder bancar un alquiler. En los últimos años consiguió un trabajo que le permitía, con grandes esfuerzos, pagar la luz y el gas, y mandar a sus hijos al colegio. Entre los vecinos que habitaban con él el edificio de Paseo Colón, solicitó en varias oportunidades que el Gobierno le facilitara un plan de pago para comprar su vivienda. El gobierno jamás lo concretó. Sin embargo, el viernes 27 de febrero a las 5 de la mañana, Juan y sus vecinos fueron desalojados por la fuerza. Quedaron, junto con sus pocas pertenencias y un miserable subsidio (que alcanzará, en el mejor de los casos, apenas para unos pocos meses), sin un lugar para pasar la noche. Hoy Juan y su familia, viven en la calle."
Diariamente los que quedan en la calle son miles de hombres, mujeres, niños y niñas, que en su mayoría luchan día a día para poder sobrevivir. Tienen derechos, pero las autoridades se olvidan de eso. Piensan que les basta con subsidios miserables, que hoy en día, ante las condiciones económicas que vivimos, no hace más que devolverlos a la calle. Mientras tanto, el derecho humano a una vivienda digna sigue sin garantizarse.
La gestión Macri-Michetti, niega el problema, y por ello vetó la ley de emergencia habitacional. Al mismo tiempo, los subsidios que se entregan a granel son ineficaces, y malgasta los impuestos de los “vecinos”. Así se genera un círculo vicioso donde el desalojado, al no encontrar un lugar para vivir, vuelve a ocupar, vuelve a ser desalojado, y nuevamente recibe un subsidio que no alcanza. El gobierno así no resuelve la política habitacional, y sigue derrochando plata.
No hay planes serios en la materia, sino el vaciamiento de áreas claves como el Instituto de la Vivienda, que en vez de construir casas, se encarga de identificar a los ocupantes que serán desalojados.
Desalojos que son ilegales. Para ello se creó la “Unidad de Control de Espacio Público (UCEP)”, un grupo de patoteros (planta conformada por barras bravas) a los que se les paga por sacar a patadas a quienes menos tienen o no tienen nada. Desde la propia resolución que crea esta Unidad hasta el accionar permitido por el Ministerio de Espacio Público se está utilizando el poder del Estado para una clara violación de los derechos humanos.
Si bien he realizado una denuncia penal para que la justicia investigue las profundas irregularidades cometidas por el personal de la UCEP, luego de los desalojos de la semana pasada en Paseo Colón, en virtud de los abusos cometidos, buscaré la interpelación del responsable del área, el Ministro Juan Pablo Piccardo, quien ha hecho oídos sordos frente a las reiteradas denuncias.
Hoy la gestión Macri-Michetti conforma un proyecto político en el que se deja afuera a la mitad de los habitantes de esta Ciudad, sin vivienda, sin educación ni salud pública. Ese es el verdadero proyecto de CIUDAD-PRO.
Acompañanos Mañana, Miércoles 11 a las 16hs. en Perú 160, Salón Peron para impulsar la citación al Ministro Piccardo para que de explicaciones
Para leer un documento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, hacé clic aquí.
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