El miércoles 11 se llevó a cabo en la Legislatura de la Ciudad una Conferencia de Prensa en donde los distintos bloques de la oposición en conjunto con organizaciones sociales y partidos políticos solicitaron interpelar al Ministro de Espacio Público por el accionar de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). La UCEP viene actuando bajo el amparo de la actual gestión y está encargada de desalojar ilegalmente y en forma violenta a los ocupantes de inmuebles o personas en situación de calle.
Frente a las reiteradas denuncias realizadas por la Diputada Liliana Parada, y la publicidad en los medios de difusión de este accionar, el Ministerio de Espacio Público echó al que fuera coordinador de la UCEP, el Sr. Rodriguez Simon.
Si bien es un paso importante que el Gobierno reconozca, con la renuncia de Simón, la improcedencia de este "grupo de tareas", la Diputada Parada exhortó a Macri y a su Ministro de Espacio Público a que eliminen esta banda parapolicial que actúa sin control en la Ciudad de Buenos Aires
Con la firma de más de 20 diputados, el pedido de interpelación quedó fijado para el 25 de Marzo a las 15hs.
Si te interesó el tema, podés leer "Contra la Patota de Macri", en Página 12
Comentarios
Usurpación
Art. 181.- Será reprimido con prisión de un mes a tres años:
1º el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes;
2º el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterarse los términos o límites del mismo;
3º el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble.
(Nota: texto conforme ley Nº 24.454)
Art. 182.- Será reprimido con prisión de quince días a un año:
1º El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos o las sacare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho;
2º El que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas;
3º El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro represare, desviare o detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales o fuentes o usurpare un derecho cualquiera referente al curso de ellas.
La pena se aumentará hasta dos años, si para cometer los delitos expresados en los números anteriores, se rompieren o alteraren diques, esclusas, compuertas u otras obras semejantes hechas en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos.
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077)
De todas formas, no podemos dejar de contestarte.
No ignoro que la usurpación es un delito.
Sin embargo, te invito a que leas los fundamentos del pedido de interpelación prestentado por mi, donde claramente establezco que estos desalojos no son llevados a cabo con fundamento en la existencia de un supuesto de usurpación ya que en esos casos obviamente se exige un proceso judicial, como cuando se comete cualquier otro delito.
En estos casos, la orden correspondiente se lleva a cabo, independientemente de la existencia de usurpación, por razones "excepcionales" y en virtud de una orden del Ejecutivo local, sin ningún tipo de defensa de los desalojados.
Por otro lado, estamos denunciando la existencia de un grupo parapolicial - la UCEP- que interviene en estos desalojos, pero también en el espacio público con el objetivo de mantenerlo "libre de ocupantes" mediante amenazas y golpes.
Aquí no vale para ellos, ninguna ley, ordenanza o decreto para violentar las vidas de muchos ciudadanos y ciudadanas de esta Ciudad.
Finalmente no te dejes engañar. El gobierno con esto no está actuando de modo alguno para solucionar la problemática de la vivienda sino que con plata de todos los contribuyentes subsidia a quienes desaloja violentamente con una suma de dinero que sólo sirve para trasladar el problema unos meses y en el futuro las personas vuelven indefectiblemente a la calle ante la ausencia de una política pública real que solucione integralmente esta situación.