LA DESIGNACIÓN DE FISCALES TRUCHOS

A continuación reproducimos la nota aparecida el 17 de agosto, en la edición impresa de Noticias Urbanas.

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Será justicia o serán puros dedazos

Los legisladores del Ari advierten que de no modificarse la Ley 1903 se corre el peligro de la designación de fiscales a dedo. Esto convierte a la ley, cuanto menos, en inconstitucional. Proponen, además, la creación de la fiscalías de investigación

Por María José Pérez Insúa

Para Aristóteles la justicia o "ser justo" era el término medio entre hacer el mal y sufrirlo y, a la luz de lo que sucede en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos tiempos, muchos eligieron estar del primer lado. Desde todas las áreas de poder se ensalza la realización de concursos para ocupar cargos de rango, pero parece que para fiscales generales, defensor adjunto y asesor tutelar solamente es necesario ser amigo.
En diciembre de 2005, la Legislatura sancionó la ley Orgánica del Ministerio Público de la Ciudad (más conocida como la ley 1903), que modificó los alcances de la autonomía funcional y la autarquía del Ministerio Público, dispuesta por el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad. La norma le confirió al órgano facultades de administración general y financieras, de dictarse su reglamento interno, de administrar su presupuesto, de celebrar contratos, de nombrar, remover y ejercer facultades disciplinarias sobre sus miembros, entre otras; que eran propias de Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
Desde aquel entonces, también, los legisladores están trabajando en otra serie de modificaciones a ley, y ante la desatención de algunos y la dejadez de otros, en mayo de este año se abrió un "período de ventana" de 10 días (desde que se votó la prórroga hasta que apareció en Boletín Oficial) en el que más de un pillo fiscal adelantó su regalo del día del amigo y entregó puestos a propios y ajenos.
Según una denuncia realizada por la diputada porteña arista Liliana Parada, uno de los "aprovechados" fue el caso del fiscal General adjunto, Rubén Antonio Pereyra, quien aprovechando un período de ventana de la ley 1903, designó "de manera arbitraria e ilegítima", por interinato a Walter Eduardo López y a María Laura Giuseppucci, con el propósito de cubrir cargos de Fiscal de primera Instancia en lo Contravencional y, secretaria de la Fiscalía de primera Instancia Nº 6, respectivamente.
Parada reafirmó la necesidad de que el nombramiento de funcionarios se establezca por concurso, "ya que una designación de esta clase, aunque constituya una disposición legal, no se coincide con los lineamientos éticos que se requieren para tal fin y máxime cuando está a días de cesar en su mandato el mencionado funcionario. Además, el doctor Pereyra no puede alegar que desconocía lla suspensión de los efectos de la Ley 1903 y por eso se apuró en realizar los nombramientos mencionados".
Por esta y otras situaciones posibles, pero todavía no conocidas es que los legisladores del partido de Elisa Carrió trabajan en la modificación de la ley 1903 a la que "así como está" consideran "inconstitucional por violar las atribuciones y competencias del Consejo de la Magistratura y porque el nombramiento de Fiscales interinos es una manera de politizar y desjerarquizar al Ministerio Público de la Ciudad".
Con autoría del diputado Enrique Olivera, el proyecto de modificación propone, entre otras cosas, que se sustituyan dos artículos, el 3 y el 18. Al respecto, Olivera consideró en los fundamentos que "varios artículos de la ley son inconstitucionales, debido a que se encuentran en absoluta contradicción con los principios y la letra de la Constitución de la Ciudad y la expresa voluntad de
los Convencionales de la Biblioteca Nacional de 1996, que tuvieron como premisa fundamental no convertir al Ministerio Público en un órgano extrapoder, además de otorgar al Consejo de la Magistratura la función de justicia técnica de servicio, de todo el Poder Judicial, con exclusión de Tribunal Superior de Justicia".
Por lo tanto, de comprobarse la designación de "amigotes" no sólo se vería vulnerado el estado de derecho, sino que también se atenta contra la gobernabilidad y la confianza ciudadana; desperdicia recursos; retarda el crecimiento económico de la Ciudad, y condena a los individuos a soportar todos sus efectos devastadores que repercuten sobre el verdadero y legítimo ejercicio
de sus derechos.

RECUERDOS DE MOLINAS PARA BA

Además de acompañar la modificación a las ley 1903, la legisladora del Ari presentó un proyecto para crear la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Será un organismo investigativo autónomo sobre las conductas de los funcionarios públicos y que proteja el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Que cuente además con los medios necesarios para poder llevar a cabo sus funciones con celeridad y discrecionalidad, para que pueda llegar hasta las últimas instancias en los asuntos que le competan.
Respecto del porqué de este proyecto, Parada explicó: "En nuestro ámbito, la Constitución de la Ciudad, propicia la transparencia en la gestión administrativa y la conducta ética de sus funcionarios. Así el artículo 54 prevé la transparencia y eficacia en la gestión administrativa. Por su parte, en el artículo 56 se establece que los funcionarios de la administración pública de la Ciudad son responsables por los daños que ocasionan y por los actos y omisiones en que incurrieran
excediéndose en sus facultades legales. Esto nos da basamento constitucional para la creación de las Fiscalías, en cuanto apunta a la concreción de dicha manda constitucional".