Declaraciones de la Diputada Nacional Liliana Parada, Vice-Presidenta de la Comisión de Transportes, Bloque Unidad Popular
La diputada nacional Liliana Parada, en relación a los acontecimientos que de los últimos días vinculados al subterráneo porteño sostuvo que “nuevamente los usuarios padecemos las consecuencias de un modelo de gestión del subte basado en una empresa concesionaria cuyas ganancias no provienen de un servicio adecuado, que implicaría un cuidado de sus recursos humanos y materiales, sino de la tercerización en empresas del mismo grupo de actividades relacionadas, como la publicidad estática, el alquiler de espacios físicos y los subsidios del gobierno nacional.
En vez de un traspaso organizado, ambos gobiernos han tomado a los trabajadores y a los ciudadanos del área metropolitana de Buenos Aires como rehenes en una disputa que, paradójicamente, ha servido únicamente para eludir responsabilidades y no para hacerse cargo de sus obligaciones en tanto gobernantes.
La incapacidad del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para resolver los problemas te transporte, es clara en tanto sus diferentes proyectos no sólo no ayudan sino que los agravan. El acuerdo entre el PRO y el FPV en los negocios inmobiliarios sobre las tierras públicas en la ciudad de Buenos Aires, es la prueba más concreta de su complicidad política; la cual obligó a "recapacitar" al Jefe de Gobierno, M. Macri, acerca de los subtes.
Su respuesta ha sido nefasta, ya que el proyecto enviado a la Legislatura carga el peso de su decisión sobre los trabajadores, en tanto no resuelve el conflicto entre UTA y Metrodelegados, y sobre los usuarios en tanto no se revisa el contrato con Metrovías y se pretende aumentar la tarifa.
Desde el bloque de Unidad Popular, y con el objetivo de ser una oposición constructiva, les acercamos una solución, que ni siquiera han querido evaluar. Nuestro proyecto (5965-D-2012) propone crear una Unidad de Gestión de Emergencia de Subterráneos, a cargo de los dos gobiernos, con atribuciones para investigar los incumplimientos de la concesionaria y rescindir en su caso los contratos de concesión, hasta que se procediera a efectuar una transferencia total y ordenada de los servicios de subterráneos. Todo ello previamente a aumentar las tarifas y/o tratar de impedir que los trabajadores puedan reclamar lo que por derecho les corresponde.
Por eso no cabe la menor duda que éstos son los últimos estertores de un modelo privatizado que no asume que está terminado.”
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