A continuación reproducimos la nota aparecida en la edición de periódico PERFIL, el día 24 de Septiembre.
Falta de higiene y salubridad, casos de tuberculosis y desnutrición, manejo de dinero de residentes que perciben jubilaciones, cobro de haberes después de fallecidos y falta de medicamentos, son algunas de las gravísimas irregularidades que pesan sobre directivos, empleados y médicos de este hogar de ancianos del Gobierno porteño con sede en Necochea.
Por Paula Bistagnino
Después de limpiar pisos durante toda su vida, Pablina García se quedó sola y en la calle. Así llegó al Hogar Dr. Alejandro Raimondi, una de las cuatro residencias para ancianos del Gobierno porteño, ubicada en Necochea. Allí falleció el 8 de agosto de 2005, sin saber que su muerte derivaría en una gravísima denuncia penal sobre supuestas irregularidades que podrían traerle un dolor de cabeza al jefe de Gobierno, Jorge Telerman, quien ya envió un delegado para controlar la institución y tiene listo el decreto de intervención.
"Yo juré a los pies del féretro de Paulina no quedarme callado. Porque yo la vi durante más de un mes, en el desayuno y en la cena, extender la mano para recibir la medicación y que no se la den. Yo la vi en ese cajón usado que mandó el Gobierno porteño para enterrarla, con los pies al aire porque la mortaja no alcanzaba para cubrírselos cuando ella tenía PAMI y hasta recibía una pensión", cuenta con la voz quebrada Hugo Barberis, "un residente exiliado en Buenos Aires", según sus propias palabras.
La denuncia. Luego de la muerte de Pablina, Barberis presentó una denuncia ante la Defensoría de la Tercera Edad sobre las "irregularidades e injusticias" vistas durante los casi cuatro años viviendo allí, que incluyen falta de medicación y atención adecuada para Pablina y otros residentes, malos tratos, casos de tuberculosis mal controlados, manejo irregular de las jubilaciones y pensiones de residentes y hasta cobro de haberes después de fallecidos los titulares.
Todo esto fue corroborado por la Gerencia de Investigaciones Especiales de la ANSES que realizó una inspección y señaló que además existiría comercio ilegal de medicamentos, falta de higiene y salubridad, hacinamiento, desnutrición, todas irregularidades que involucrarían a directivos, médicos y enfermeros de la institución.
Ante el revuelo y luego de que los legisladores porteños del ARI, Liliana Parada y Facundo Di Filippo, hicieron un pedido de investigación urgente a la jueza interviniente, Beatriz Torterola, la directora general de la Tercera Edad de la Ciudad, María Camozzi, inició sumario a la directora Dora Garulli, que sigue en sus funciones, y envió un delegado como contralor, Héctor Donaire, quien en pocos días más podría convertirse en el interventor.
"Pareciera que algunos hogares han sido transformados en cotos de caza por algunos sindicalistas que encuentran en ellos un lugar donde dar becas a gente que cobra sin trabajar. Esa es la única explicación para la defensa corporativista que estamos viendo ante denuncias tan graves", dijo a PERFIL Parada, quien además expresó su preocupación por "las amenazas de muerte y el hostigamiento que están recibiendo los residentes y empleados que denunciaron las irregularidades".
Según Barberis, los necochenses también contribuyeron al silencio ya que "con los 240 puestos de trabajo que genera durante todo el año, el Raimondi es la primera industria de Necochea".
Falta de higiene y salubridad, casos de tuberculosis y desnutrición, manejo de dinero de residentes que perciben jubilaciones, cobro de haberes después de fallecidos y falta de medicamentos, son algunas de las gravísimas irregularidades que pesan sobre directivos, empleados y médicos de este hogar de ancianos del Gobierno porteño con sede en Necochea.
Por Paula Bistagnino
Después de limpiar pisos durante toda su vida, Pablina García se quedó sola y en la calle. Así llegó al Hogar Dr. Alejandro Raimondi, una de las cuatro residencias para ancianos del Gobierno porteño, ubicada en Necochea. Allí falleció el 8 de agosto de 2005, sin saber que su muerte derivaría en una gravísima denuncia penal sobre supuestas irregularidades que podrían traerle un dolor de cabeza al jefe de Gobierno, Jorge Telerman, quien ya envió un delegado para controlar la institución y tiene listo el decreto de intervención.
"Yo juré a los pies del féretro de Paulina no quedarme callado. Porque yo la vi durante más de un mes, en el desayuno y en la cena, extender la mano para recibir la medicación y que no se la den. Yo la vi en ese cajón usado que mandó el Gobierno porteño para enterrarla, con los pies al aire porque la mortaja no alcanzaba para cubrírselos cuando ella tenía PAMI y hasta recibía una pensión", cuenta con la voz quebrada Hugo Barberis, "un residente exiliado en Buenos Aires", según sus propias palabras.
La denuncia. Luego de la muerte de Pablina, Barberis presentó una denuncia ante la Defensoría de la Tercera Edad sobre las "irregularidades e injusticias" vistas durante los casi cuatro años viviendo allí, que incluyen falta de medicación y atención adecuada para Pablina y otros residentes, malos tratos, casos de tuberculosis mal controlados, manejo irregular de las jubilaciones y pensiones de residentes y hasta cobro de haberes después de fallecidos los titulares.
Todo esto fue corroborado por la Gerencia de Investigaciones Especiales de la ANSES que realizó una inspección y señaló que además existiría comercio ilegal de medicamentos, falta de higiene y salubridad, hacinamiento, desnutrición, todas irregularidades que involucrarían a directivos, médicos y enfermeros de la institución.
Ante el revuelo y luego de que los legisladores porteños del ARI, Liliana Parada y Facundo Di Filippo, hicieron un pedido de investigación urgente a la jueza interviniente, Beatriz Torterola, la directora general de la Tercera Edad de la Ciudad, María Camozzi, inició sumario a la directora Dora Garulli, que sigue en sus funciones, y envió un delegado como contralor, Héctor Donaire, quien en pocos días más podría convertirse en el interventor.
"Pareciera que algunos hogares han sido transformados en cotos de caza por algunos sindicalistas que encuentran en ellos un lugar donde dar becas a gente que cobra sin trabajar. Esa es la única explicación para la defensa corporativista que estamos viendo ante denuncias tan graves", dijo a PERFIL Parada, quien además expresó su preocupación por "las amenazas de muerte y el hostigamiento que están recibiendo los residentes y empleados que denunciaron las irregularidades".
Según Barberis, los necochenses también contribuyeron al silencio ya que "con los 240 puestos de trabajo que genera durante todo el año, el Raimondi es la primera industria de Necochea".
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