Desde el 7 de agosto 60 familias se encuentran ocupando un predio en la Villa 31 Bis, en el barrio de Retiro, evidenciando una vez más, la ausencia de una política pública integral y real que garantice el derecho a la vivienda de los vecinos de la ciudad.
Ante un frustrado intento de desalojo, las familias fueron cercadas por la Policía Federal profundizando aún más su actual situación de desesperación y angustia por el aislamiento y el permanente acoso policial del que son objeto.
En esta situación tomó participación la Asesoría General Tutelar del Ministerio Público de la Ciudad, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Diputada Parada, para lograr destrabar el conflicto y garantizar una vivienda digna para estas 60 familias.
Ante la negativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a actuar en función de los derechos que los vecinos de la ciudad poseen y que el Estado local debe garantizar, la Diputada Liliana Parada interpuso una acción de amparo y una medida cautelar urgente contra el gobierno de la Ciudad a los efectos de que "se garantice el derecho a la vivienda a las familias damnificadas en la villa 31 bis Retiro".
Ante este recurso de urgencia intervino el Juzgado Nro 5, secretaria 10 en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de la jueza Elena Liberatori quien dio lugar a la medida presentada, ordenando: " Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, en caso de que por orden del Juez competente se ordene su traslado, garantice a las sesenta familias que se encuentran asentadas en la Manzana 105 de la Villa 31 bis de Retiro un lugar de alojamiento apto y apropiado, así como condiciones mínimas de salud y alimentación, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el presente amparo.
La situación de estas 60 familias es una nueva evidencia que refleja hasta qué punto el Gobierno actual está dispuesto a llegar si de negocios inmobiliarios se trata. Lo que acontece en Retiro es una muestra más de la desinversión y la falta de políticas claras de parte del Gobierno de la Ciudad para dar respuestas al increíble déficit habitacional de la Ciudad, mientras sigue premiando a las grandes constructoras e inmobiliarias, a costa de castigar a miles de ciudadanos y ciudadanas al abandono, la desidia y el aislamiento.
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